Fiscalía de Ecuador registra 1.241 denuncias de abuso sexual contra menores

La Fiscalía se plantea crear una mesa de trabajo interinstitucional que trabaje en prevención y de respuesta a los casos denunciados.
La Fiscalía se plantea crear una mesa de trabajo interinstitucional que trabaje en prevención y de respuesta a los casos denunciados.
FOTO: http://www.elobservadorcritico.com

La Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriano registra 1.241 denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. En tanto, el Ministerio de Educación indican que existen más de 7.000 denuncias de presuntos delitos sexuales.

Con el fin de que estos casos no queden en la impunidad, actualmente se efectúan 483 controles jurídicos a fiscales del país, según informó la Fiscal General, Diana Salazar.

"Esto significa que estamos dando seguimiento a las causas que realizan los agentes fiscales, para llegar a determinar si existen o no fallas en los operadores de justicia y tomar los correctivos que corresponde", indicó.

El Ministerio de Educación precisó que entre 2014 y mayo de este año, se reportan 7.977 denuncias por presuntos delitos sexuales. De estos, el 62% habrían sido cometidos fuera del sistema educativo y el 37.7% por miembros de la comunidad educativa.

En tanto, en 1.868 casos señalan como presunto agresor al personal docente o autoridad educativa; 130, a personal administrativo y 1013 a estudiantes. Diego Paz, Subsecretario para la Innovación Educativa.

Según trascendidos, existía un sistema de encubrimiento posible en los territorios y de un trabajo no eficaz frente a los agresores.

Con este criterio coincide, Sybel Martínez, Vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano.
"Se nos hizo creer que el sistema era perfecto y entonces se crearon algunas normas y decretos que estos casos salgan a la luz como un tamiz", señaló Martínez.

Para frenar este tipo de abusos contra niños y niñas desde la Fiscalía se plantea crear una mesa de trabajo interinstitucional que trabaje en prevención y de respuesta a los casos denunciados.

Además, establecer una sola mesa a nivel nacional conformado por Fiscalía, por el Consejo de la Judicatura, por el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud.

En el artículo 170 inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal, (COIP), se sanciona este delito con pena privativa de libertad de 5 a 7 años, más las agravantes establecidas en el artículo 48, numerales 5 y 9, de este mismo cuerpo legal, que aumenta la pena en un tercio.  (I)

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