22 autoridades fueron destituidas por Contraloría en los últimos 3 años

22 autoridades fueron destituidas por Contraloría en los últimos 3 años

22 autoridades electas por votación popular, entre alcaldes, prefectos, consejeros y concejales han sido sancionadas con pedido de destitución y con indicios de responsabilidad penal por la Contraloría en los últimos tres años, al hallar irregularidades en su gestión dentro del sector público. 

Entre las autoridades destituidas está Manuel Casanova, ahora  ex alcalde del cantón Quinindé, de la provincia de Esmeraldas, quien por más de tres años se negó a salir de su cargo. El 18 de julio de 2017 la Fiscalía imputó cargos en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. A pesar de ello, continuó con su segundo periodo de gestión hasta el 20 de septiembre de 2017, cuando Ángel Torres, asumió el cargo de alcalde encargado.

Otro caso en el que Contraloría emitió un informe de destitución con indicios de responsabilidad penal fue el de Cirilo González, exalcalde del cantón Balzar,  en la provincia de Guayas,  quien fue destituido en mayo de 2016. Para no abandonar el cargo, González llegó al punto de crucificarse en protesta a la multa impuesta de 5 mil 100 dólares, aduciendo persecución política y retomó su cargo en 2017.   Sin embargo, para el concejal del Municipio de Balzar, Andrés Aguayo,  existieron pruebas contundentes para cesar en funciones al exalcalde Cirilo Gonzalez, el 27 de julio de 2016.

La destitución del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, es otro de los casos. El 19 de octubre de 2018 Zambrano fue notificado con la destitución de su cargo, después que Contraloría predeterminó glosas por 2,2 millones de dólares en su contra. Sin embargo, el Prefecto de Manabí apeló el informe del ente de control y al momento se niega a dejar su cargo. Según el Contralor Pablo Celi, la realidad es otra. Desde agosto de 2014 hasta noviembre de 2017 son al menos 10 irregularidades que halló la Contraloría en procesos de contratación y ejecución en 14 proyectos a cargo del  prefecto Mariano Zambrano.

El consultor internacional en compras públicas, Javier Vizcaíno,  asegura que una vez que las autoridades de elección popular que han sido destituidas y se niegan a salir de sus cargos, cualquier contratación que ejecuten perjudicaría a la institución pública.

Por este motivo, el contralor Celi insiste en que las distintas instituciones del Estado deben actuar en conjunto y con mano dura para sancionar a las autoridades de elección popular, que han mal utilizado los recursos públicos. (I)

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