Diezmos, asambleístas bajo la lupa

Diezmos, asambleístas bajo la lupa

Ciertos legisladores de organizaciones políticas como Alianza PAIS, Suma, Pachakutik y Creo son señalados por cobrar el denominado "impuesto al trabajo" o "diezmos". Exasesores afirman haber sido obligados a entregar parte de su sueldo para cubrir cuotas de partidos políticos, pagar facturas de alimentación, movilización y préstamos personales de los asambleístas.

 Denuncias:

A inicios de septiembre se hicieron públicas cinco denuncias respecto al cobro del "impuesto al trabajo". Sin embargo, con el paso de los días salieron más casos a la luz.  José Revelo, exasistente del asambleísta Washington Paredes, del movimiento SUMA, manifestó que el legislador le exigía el 10% de su sueldo. En el caso de Andrea Utreras, exasesora de la asambleísta Karina Arteaga, perteneciente a Alianza PAIS, el dinero de su salario era recaudado para entregarlo al movimiento político.

Otro asambleísta denunciado es Juan Sebastián Palacios, del movimiento SUMA, quien habría cobrado  30 mil dólares a Washington Añazco por contratos y puestos de trabajo, según indicó su abogado Gonzalo Realpe.

Hasta el despacho del asambleísta Fabricio Villamar han llegado 12 casos de los que se cuenta con pruebas, según confirmó Pablo Santillán, asesor del legislador. 

Varios de los asambleístas señalados niegan haber realizado este tipo de cobros, por lo que la justicia deberá determinar si se cometió el delito, señaló el especialista en derecho penal, Gonzalo Silva.

La Fiscalía investiga

En entrevista con PÚBLICA FM, el asambleísta Fabricio Villamar informó que entregó a Fiscalía toda la documentación recabada sobre los cobros indebidos de legisladores a sus exasesores. El fiscal Paúl Pérez, manifestó que por el "impuesto al trabajo" se podrían configurar delitos como concusión y cohecho, cuya sanción es entre tres y cinco años de prisión.

Acciones en la Asamblea Nacional

El 18 de septiembre, con 119 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual solicita a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, que en un plazo de 90 días se auditen las cuentas de asambleístas y funcionarios legislativos.

La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, señaló que se deben realizar  las pericias necesarias y determinar responsables y ya se trabaja de manera conjunta con las autoridades de control.

Como medida preventiva también se planteó reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que cuando se detecten casos de corrupción, se expulse al asambleísta responsable del delito.

No es algo nuevo

Los casos de cobros de dinero de legisladores a sus asesores para mantenerlos en sus puestos de trabajo no son nuevos. Según el asambleísta René Yandún hay casos que se registraron dos décadas atrás. Sin embargo, la falta de investigaciones ha hecho que estos casos no trasciendan y tampoco se sancione a los responsables.

 

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