Los siete ejes para combatir la corrupción

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FOTO: Imagen ilustrativa

El nuevo proyecto de Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante contiene 7 ejes. Su principal enfoque es incentivar y proteger a quienes denuncien hechos de corrupción, para recuperar entre 35 mil y 40 mil millones de dólares desvanecidos durante la última década y evitar que estos actos se repitan.  

El jueves 13 de septiembre de 2018, el presidente de la República Lenín Moreno decidió entregar el nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional y vetó la Ley de Lucha Contra la Corrupción, aprobada el 14 de agosto de 2018.

Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, explicó la importancia de la misma: “Esta nueva norma la necesitamos de manera urgente para recuperar los dineros robados y exhortamos a la Asamblea Nacional a darle tratamiento lo más rápido posible”.

Corrupción, un cáncer en la sociedad ecuatoriana

Políticos involucrados en delitos como: asociación ilícita, concusión, lavado de activos, coimas,  entre otros, demuestran  que esta frase no es fantasía y mucho menos una exageración. Decenas de casos de funcionarios inmiscuidos en irregularidades en su gestión reposan en la Fiscalía General del Estado. La entidad habla de al menos 71. Esta es una situación que preocupa al Gobierno nacional, por lo que el Jefe de Estado decidió tomar al toro por los cuernos.

Casos representativos:

13 de diciembre de 2017: El exvicepresidente de la República,  Jorge Glas,  fue sentenciado a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht.

6 de junio de 2018: El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia  sentenció al excontralor general del Estado, Carlos Pólit y a su hijo John Pólit, por el delito de concusión, a 6 y 3 años de prisión, respectivamente, también por el caso de sobornos de Odebrecht.

Los siete ejes

Incautar bienes a los corruptos; recuperar el dinero mal habido; aplicar la figura de repetición a los responsables de que el Ecuador pierda dinero; recompensas a los informantes sobre dineros y bienes robados; liberar de sanción a quienes denuncian un soborno pese a haber participado en él; proteger a estos denunciantes; y liberar de sanción a quienes, siendo titulares de bienes ajenos, denuncien a los verdaderos dueños.

Para Germán Rodas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, el alma del proyecto de ley es recuperar el dinero del Estado y  proteger a los denunciantes de hechos de corrupción.

Recompensa a quienes informen

Se ofrecerá una recompensa a quienes informen sobre la ubicación del dinero y de los bienes robados. El proyecto de ley señala que los terceros que posean activos de origen ilícito y que en el plazo de 90 días, desde la vigencia de esta ley, permitan la recuperación de los mismos a favor del Estado, podrán acogerse a los beneficios como protección, reconocimiento público y el 20 % del monto recuperado.

Y quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenecen también podrán denunciar a los verdaderos dueños, sin ser procesados por enriquecimiento injustificado. Germán Rodas espera que con estos incentivos la ciudadanía denuncie los actos de corrupción.

Para ello, el Ministerio del Interior informó que la línea 1800 DELITO (335486) está lista para recibir información sobre corrupción, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento injustificado.

Reformas a otras normativas

El proyecto de Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante abarca reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico General de Procesos. También funciona como un complemento al proyecto de Ley de Extinción de Domino de origen ilícito, presentado por el Ejecutivo en julio y analizado en la Comisión de Justicia, así lo afirmó la secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez.

Reacciones

El jurista Alfonso Oramas considera que establecer la figura del informante, otorgándole protección y beneficios, es un punto a favor del proyecto de ley.  Afirma que esto ha dado resultados en otros países para dar con el dinero mal habido. Sin embargo, Oramas asegura que para alcanzar el objetivo del Estado falta camino por recorrer y normativas por implementar.

La legisladora por Pachakutik, Encarnación Duchi, considera que ya existe una normativa bastante avanzada en este marco, por lo que antes de aprobar la ley los legisladores deben hacer un análisis profundo para no repetir puntos que ya se encuentran en otras normativas.

En lo que coinciden juristas, asambleístas y el Estado es que el papel de Fiscalía, Judicatura, Contraloría y Procuraduría es clave en la lucha contra la corrupción. A esto se suma César Cárdenas, titular del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. (I)

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